Contratación Pública y Cadenas de Valor: Un Análisis Estratégico para Uruguay
Esta estrategia, si bien atractiva por su potencial para dinamizar la economía interna y generar puestos de trabajo, requiere un enfoque cauteloso y meditado desde la perspectiva empresarial. La presión por integrar cláusulas de preferencia local o de contenido nacional en las licitaciones públicas es palpable. Países como Estados Unidos, con su centenario ‘Buy American Act’, o la Unión Europea, que equilibra el mercado único con instrumentos como el ‘Small Business Act’, han demostrado la complejidad de estas políticas. Naciones en desarrollo como India o Brasil también han implementado mecanismos de preferencia, a menudo con resultados mixtos que van desde el fomento industrial hasta la generación de ineficiencias y sobrecostos. Un informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) de 2024 destacó que, si bien las políticas de contenido local pueden ser herramientas válidas para el desarrollo, su éxito depende críticamente de la existencia de capacidades industriales y tecnológicas internas que puedan responder a la demanda sin sacrificar competitividad ni calidad.
El riesgo inherente es que una aplicación precipitada o poco granular de estas políticas derive en un incremento de los costos de los proyectos de infraestructura, mermando la eficiencia de la inversión pública y, en última instancia, afectando el valor entregado al contribuyente. Un estudio comparativo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 2023 sobre proyectos en América Latina señaló que políticas de contenido local mal diseñadas pueden aumentar los costos entre un 15% y un 30% en comparación con licitaciones internacionales abiertas. Para Uruguay, el desafío radica en diseñar marcos regulatorios que promuevan la participación local de manera transparente y competitiva, que definan claramente qué se entiende por ‘valor local’ (mano de obra, materiales, ingeniería, I+D) y que establezcan mecanismos de monitoreo y evaluación para asegurar que los beneficios esperados superen los posibles costos transaccionales o de oportunidad. La meta no debe ser la sustitución de la competencia, sino la potenciación estratégica de la cadena de valor nacional en un marco de prudencia económica y calidad constructiva.
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