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Desigualdad Persistente: El Espejismo de la Equidad en la Obra Pública Regional
31/08/2025 l Obra pública
A pesar de las promesas de descentralización, las estadísticas recientes del Mercosur revelan una distribución de recursos que profundiza brechas territoriales, proyectando un futuro de desafíos para la cohesión regional.
La promesa de una distribución equitativa de la inversión pública, faro de desarrollo y cohesión social, resuena con particular fuerza en las cumbres del Mercosur. Sin embargo, al examinar la asignación presupuestaria en obras de infraestructura a lo largo de los últimos ejercicios fiscales, la retórica se topa con una realidad tozuda y, para muchos expertos, desalentadora. Desde la perspectiva de ‘Arquitecturar’ en este 2025, nuestro reporte de avances sugiere que, a pesar de los marcos normativos y los planes quinquenales que propugnan la descentralización y la reducción de disparidades, la materialización de la equidad territorial sigue siendo más una aspiración que una constante. Los datos preliminares del último bienio, procesados por entidades como la CEPAL y el BID, revelan que aproximadamente el 65% de la inversión pública en infraestructura estratégica dentro del bloque se ha canalizado hacia un 15% de su superficie territorial, concentrándose en las capitales y los principales nodos logísticos de exportación, dejando a vastas regiones con una infraestructura deficiente y oportunidades de crecimiento limitadas. Esta asimetría no es una novedad, pero su persistencia desafía cualquier optimismo fácil.
El patrón de concentración se acentúa al desglosar las cifras por país. En Brasil, por ejemplo, los estados del Sudeste y Sur continúan acaparando más del 50% de los presupuestos federales y estatales en grandes obras viales y energéticas, a pesar de las urgentes necesidades en el Norte y Nordeste. Argentina no escapa a esta tendencia; la Región Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y los corredores productivos del centro del país absorben un volumen desproporcionado de recursos, dejando a provincias del NEA y NOA con proyectos de menor envergadura y un evidente rezago en conectividad y servicios básicos. Uruguay, si bien más homogéneo, muestra una clara centralización en Montevideo, y Paraguay lucha por expandir su infraestructura más allá de Asunción y las zonas de influencia sojera. Las proyecciones para el mediano plazo, basadas en los proyectos en cartera y las prioridades de financiamiento internacional, indican que esta tendencia podría incluso profundizarse. La búsqueda de eficiencia y la rentabilidad económica inmediata en un contexto de restricción fiscal global a menudo priman sobre los objetivos de cohesión territorial. Los gobiernos, bajo presión para mostrar resultados rápidos y atractivos para el capital extranjero, tienden a favorecer megaproyectos en zonas ya desarrolladas, donde la capacidad de ejecución es mayor y el retorno percibido es más rápido. Este enfoque, si bien comprensible desde una óptica cortoplacista, genera un ciclo vicioso de migración interna, presión sobre los servicios en las grandes urbes y un estancamiento económico en las regiones desatendidas. El desafío, por tanto, no radica solo en la voluntad política, sino en la capacidad de los Estados de Mercosur para diseñar e implementar mecanismos de inversión pública que logren sortear estas inercias, promoviendo una distribución más equitativa que sirva como verdadero cimiento para un desarrollo regional integral y sostenido en las próximas décadas.
