El Ministerio de Economía reglamentó mediante la resolución 1984 el sistema de ‘acceso abierto’ (open access) en la red ferroviaria de carga. El Gobierno busca con la medida destrabar la privatización del Belgrano Cargas. La norma llega después de que Grupo México, que había proyectado inversiones por US$3000 millones, abandonara la licitación a fines de octubre, apenas dos semanas antes de la apertura de sobres. Entre...
Contexto del proyecto
El Ministerio de Economía reglamentó mediante la resolución 1984 el sistema de ‘acceso abierto’ (open access) en la red ferroviaria de carga. El Gobierno busca con la medida destrabar la privatización del Belgrano Cargas.
La norma llega después de que Grupo México, que había proyectado inversiones por US$3000 millones, abandonara la licitación a fines de octubre, apenas dos semanas antes de la apertura de sobres. Entre sus críticas figuraba la falta de precisiones sobre el open access. Tras el retiro, el Gobierno postergó la apertura de ofertas del 11 de noviembre al 21 de diciembre.
Alcance de la obra
La resolución define el marco para la relación entre los administradores de vías y las empresas operadoras de trenes de carga. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) tendrá a cargo el control y deberá establecer un régimen de sanciones y multas por incumplimientos.
El anexo fija estas condiciones para el acceso y uso de la red:
Impacto esperado
– Inversiones: los concesionarios que realicen obras de mejora en los ramales, bajo acuerdos aprobados por el Gobierno, tendrán garantizada la reserva de capacidad. No podrán perder el uso de los tramos mejorados por supuesta subutilización. – Trato equitativo: se prohíbe la discriminación entre operadores. Se presumirá competencia desleal si hay desvíos mayores al 15% en la asignación de horarios preferenciales o diferencias injustificadas superiores al 10% en el cobro de peajes. – Peajes: la tarifa incluirá el derecho de paso, servicios obligatorios como el acceso a patios ferroviarios las 24 horas durante todo el año, el armado de rutas y la gestión de circulación. La carga de combustible y las reparaciones menores serán servicios adicionales, con precios pactados libremente entre las partes. – Plazos y seguridad: los administradores tendrán un máximo de 30 días hábiles para aprobar o rechazar las solicitudes de nuevos operadores. Además, podrán inmovilizar preventivamente cualquier locomotora que no cumpla las condiciones mínimas de seguridad antes de salir a la vía.




