
Durante décadas, la concentración de grandes proyectos en centros urbanos o regiones de mayor peso económico ha sido la norma, dejando a vastas zonas del interior argentino y a comunidades periféricas latinoamericanas con infraestructuras precarias o inexistentes. Esta brecha no solo afecta la calidad de vida, limitando el acceso a la salud, educación o saneamiento, sino que también obstaculiza la productividad, la competitividad regional y la generación de empleo, perpetuando ciclos de desigualdad. Desde Arquitecturar, observamos cómo esta realidad se traduce en migraciones internas, despoblación de áreas rurales y una creciente presión sobre los cinturones urbanos, que a su vez colapsan por falta de servicios adecuados.
Sin embargo, la creciente presión social y las lecciones aprendidas de crisis pasadas están impulsando un cambio de paradigma. La digitalización y las herramientas de análisis de datos georreferenciados ofrecen hoy una radiografía más precisa de las necesidades infraestructurales, permitiendo identificar puntos críticos donde la inversión pública puede generar un mayor impacto social y económico. Esto ha llevado a algunos gobiernos subnacionales a apostar por un enfoque más descentralizado, priorizando proyectos de conectividad vial para pequeños productores, redes de agua potable en áreas rurales o infraestructura educativa en zonas postergadas, buscando romper con la lógica de ‘grandes obras para grandes ciudades’.
De cara al futuro, las proyecciones indican que la clave residirá en una planificación estratégica a largo plazo que trascienda los ciclos políticos. Esto implica incorporar variables de impacto social, ambiental y económico en la evaluación de proyectos, y no solo el costo-beneficio tradicional. La participación ciudadana en la identificación de necesidades y el seguimiento de las obras también se perfila como un factor indispensable para asegurar que las inversiones respondan genuinamente a las demandas locales. En Argentina, se vislumbran esfuerzos por fortalecer las capacidades de gestión en municipios y provincias para que puedan articular y ejecutar proyectos de mayor envergadura, reduciendo la dependencia exclusiva de la órbita nacional. Sin embargo, el desafío de la financiación, la transparencia y la continuidad de las políticas públicas sigue siendo el talón de Aquiles de la región. El éxito no se medirá solo por los kilómetros de ruta construidos o los megavatios generados, sino por la capacidad de estas obras para tejer una red de oportunidades más justa y equitativa para todos los habitantes del continente.