
31/08/2025 l Obra pública
Durante décadas, la planificación de la infraestructura se basó en datos históricos, asumiendo un futuro similar al pasado. Pero los eventos de la última década nos han forzado a una brutal toma de conciencia. ¿Recuerdan las inundaciones devastadoras en el Litoral entre 2018 y 2019? Esos episodios no solo dejaron familias sin hogar y campos anegados, sino que también expusieron las vulnerabilidades de nuestra red vial, sistemas de drenaje y defensas fluviales. Estudios recientes, como el informe de 2023 del Centro Argentino de Ingenieros, revelan que los costos de reconstrucción post-evento climático en Argentina promediaron un 0.7% del PBI anual entre 2018 y 2022, un aumento del 40% respecto a la década anterior. Esta cifra alarmante subraya que la inversión en prevención y adaptación no es un gasto extra, sino una urgencia económica y social. La buena noticia es que, de a poco, los tomadores de decisión están virando el timón hacia una visión más proactiva, integrando la variable climática como eje central en la concepción y ejecución de nuevos proyectos.
Pero ¿cómo nos posicionamos frente a nuestros vecinos? La comparación regional es clave para entender dónde estamos y hacia dónde vamos. Mientras que Argentina ha logrado incluir criterios de resiliencia climática en el 60% de sus grandes proyectos de infraestructura licitados desde 2023, superando el 50% promedio del resto del Mercosur, el desafío sigue siendo la capilaridad de estas directrices en obras de menor escala. Brasil, con su vasta geografía y diversidad climática, ha enfocado esfuerzos significativos en la resiliencia hídrica en la Amazonía y el noreste, invirtiendo cerca de 2.500 millones de dólares en la última década en sistemas de alerta temprana y fortificación de diques. Uruguay, por su parte, prioriza la adaptación de su infraestructura portuaria y costera, un sector clave para su economía, con planes de modernización que consideran proyecciones de mareas y tormentas para los próximos 50 años. Paraguay, con un enfoque particular en la gestión de cuencas fluviales, ha logrado reducir en un 15% los daños por crecidas en las zonas aledañas a sus principales ríos gracias a la implementación de planes de obras conjuntas con ingenieros ambientales y comunidades locales.
El camino es largo y lleno de obstáculos, desde la financiación hasta la necesidad de incorporar nuevas tecnologías y conocimientos técnicos. Sin embargo, la tendencia es clara: la infraestructura pública de hoy debe ser construida pensando en el clima de mañana. No es solo una cuestión de hormigón y acero, sino de planificación inteligente y una visión de futuro que garantice la seguridad y el bienestar de las generaciones venideras. El desafío ahora es mantener el ritmo y transformar la experiencia en conocimiento aplicado, para que cada obra pública sea un eslabón más en la cadena de nuestra adaptación colectiva.