
Históricamente, la planificación de infraestructura tendía a operar bajo supuestos climáticos estáticos, desatendiendo la variabilidad inherente y los riesgos emergentes. Sin embargo, la última década ha marcado un punto de inflexión decisivo. A nivel global, naciones desarrolladas y en desarrollo por igual han reconocido la criticidad de integrar la variable climática en cada etapa del ciclo de vida de un proyecto de obra pública. Referentes como los Países Bajos, con sus diques adaptativos y gestión hídrica integral, o Singapur, con su infraestructura verde urbana, sirven de catalizadores para un nuevo paradigma.
En Argentina, esta conciencia se ha traducido en una reingeniería de las metodologías de diseño y ejecución. El Ministerio de Obras Públicas, en conjunto con otros organismos como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ha implementado protocolos de evaluación de riesgos climáticos para grandes proyectos. Esto incluye desde el refuerzo de puentes y rutas en zonas propensas a inundaciones, la elevación de cotas de edificación en áreas costeras, hasta la incorporación de sistemas de drenaje pluvial con capacidad ampliada y el uso de materiales de bajo impacto ambiental y alta durabilidad frente a condiciones extremas.
Este enfoque proactivo no es un gasto, sino una inversión estratégica con un retorno social y económico incalculable. Al mitigar los daños y disrupciones causados por eventos extremos, se protege la actividad productiva, se salvaguardan vidas y se reduce la presión sobre los presupuestos de emergencia. La perspectiva gubernamental es clara: las obras públicas son instrumentos de política climática, herramientas para la equidad territorial y garantes de un futuro más seguro y próspero para todos los argentinos. La colaboración intersectorial y la adopción de estándares internacionales confirman que estamos en el camino correcto para construir una Argentina resiliente y a la altura de los desafíos globales del siglo XXI.