La Asociación de Promotores Privados de la Construcción de Uruguay se presentó ante la Comisión de Vivienda del Senado para rechazar el proyecto de ley impulsado por el Frente Amplio que propone restituir la superficie mínima habitable de 35 metros cuadrados y excluir de los beneficios tributarios del régimen de Vivienda Promovida (Ley 18.795) a las unidades que no alcancen ese umbral. Actualmente, el mínimo vigente...
Contexto del proyecto
La Asociación de Promotores Privados de la Construcción de Uruguay se presentó ante la Comisión de Vivienda del Senado para rechazar el proyecto de ley impulsado por el Frente Amplio que propone restituir la superficie mínima habitable de 35 metros cuadrados y excluir de los beneficios tributarios del régimen de Vivienda Promovida (Ley 18.795) a las unidades que no alcancen ese umbral. Actualmente, el mínimo vigente es de 25 metros cuadrados, una modificación introducida en la Rendición de Cuentas de 2021.
El presidente de la gremial advirtió que los monoambientes representan apenas el 9% del total de unidades acogidas al régimen, y que eliminarlos generaría espacios inutilizables en los proyectos, reduciendo la cantidad de metros construidos. ‘Va a tender a generar menos inversión y menos empleo’, afirmó.
Alcance de la obra
El asesor de la entidad sostuvo que el debate en sí ya está frenando decisiones de inversión: ‘Viene ralentizando la inversión en los promotores privados. Es un tema hasta psicológico’. También indicó que el decreto reglamentario de la ley, promulgado en 2011 durante el gobierno de José Mujica, ya contemplaba monoambientes de entre 25 y 40 metros cuadrados, por lo que la modalidad no es una innovación reciente.
En cuanto a las exoneraciones impositivas del régimen, estimadas en 210 millones de dólares, el asesor cuestionó que representen una pérdida para el Estado: ‘Hasta el 2023 el Estado ganó cerca de 400 millones de dólares por la dinamización de la economía en esos barrios’, sostuvo citando datos de la DGI.
Impacto esperado
En contraste, la Facultad de Arquitectura y la Sociedad de Arquitectos respaldaron el proyecto, argumentando que el Estado no debería promover ni subsidiar viviendas por debajo del estándar mínimo original de 35 metros cuadrados.
